domingo, 22 de diciembre de 2013
viernes, 20 de diciembre de 2013
La Escuela Nacional de Policía recibe a ANPASP
La Escuela Nacional de Policía y su director, el comisario principal D. Marceliano Gutiérrez, fueron los anfitriones en esta ocasión en la que ANPASP tuvo la oportunidad de presentar su proyecto para la mejora de la formación en la seguridad privada, desde su base operativa hasta sus gestores y todo ello a través de uan formación reglada, profesional y de calidad.
El encuentro y la atención prestada por su director D. Marceliano Gutiérrez, ha servido como punto de inicio para la relación que ANPASP desea mantener con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y policías autónomicas, para contar con su opinión, valoración y asesoramiento a través de sus órganos y departamentos responsables de formación, para la elaboración de la futura formación reglada de seguridad privada.
Nuestro agradecimiento a la Escuela Nacional de Policía y a su director el comisario principal D. Marceliano Gutiérrez por la atención y el trato prestado a ANPASP.
ANPASP se reúne con la División de Formación y Perfeccionamiento
ANPASP se ha reunido con personal de la División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, para presentar sus propuestas para la lucha contra el fraude en los centros de formación de seguridad privada, el uso fraudulento de acreditaciones del profesorado, como también otras aportaciones como la realización de inspecciones en dichos centros de formación teniendo en cuenta otros aspectos a supervisar.
La formación continua de los profesores acreditados para impartir enseñanzas en los centros de formación autorizados fue otro de los temas propuestos junto al compromiso de ANPASP de remitir a dicha DFP la revisión de los requisitos del profesorado para impartir docencia en ciertas áreas.
jueves, 12 de diciembre de 2013
Movimiento contra la Intolerancia, preocupado por la falta de formación de la seguridad privada
El presidente de Movimiento contra la Intolerancia,
Esteban Ibarra, ha dicho hoy que los agentes de seguridad privada no
tienen formación suficiente para interpretar los mandatos referentes a
la prevención del racismo y xenofobia.
El
representante de esta organización ha destacado a los periodistas,
durante la inauguración de unas jornadas contra la xenofobia y el
racismo en Málaga, que "existe una preocupación" sobre la ley de
seguridad ciudadana en lo que hace referencia a las identificaciones por
perfil racial.
Ibarra ha insistido en que este
proyecto de ley puede suponer un "crecimiento del prejuicio xenófobo" y
ha recordado que, en una época de crisis económica, hay un 60 por ciento
de ciudadanos que antes no se posicionaban y ahora "levantan la bandera
de los españoles primero", lo que "quiebra el principio de igualdad de
trato".
Ha criticado también otras medidas como la
retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes o la instalación de
concertinas en la valla de Melilla.
El presidente de
Movimiento contra la Intolerancia ha advertido de que de que partidos
como Amanecer Dorado de Grecia mantienen relaciones "muy estrechas con
formaciones políticas de corte xenófobo en nuestro país".
En una jornada que se ha celebrado hoy en Málaga se plantea, según
Ibarra, como anticipo a un trabajo con las fuerzas de seguridad a nivel
nacional que están en el programa de formación para el registro de
crímenes de odio racial hay en España.
El diputado socialista Antonio Trevín considera imprescindible que el Ministerio de Educación establezca el “itinerario curricular indispensable” para adquirir los conocimientos necesarios que permitan prestar servicios de vigilancia y seguridad privada
Después de la polémica generada con la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Seguridad Ciudadana, el Ejecutivo perfila el articulado de otro proyecto de ley, el de Seguridad Privada, que también cuenta con el rechazo de la izquierda parlamentaria. Si bien la oposición ha centrado sus ataques a la norma en que permite a los vigilantes privados “detener, cachear e identificar” a los ciudadanos en “espacios públicos”, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, hay otros aspectos de la futura normativa que también han recibido duras críticas. Es el caso de las dudas sobre el ejercicio de derecho de huelga por parte de este colectivo.
Así, lo denuncia la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA),
que considera que “el propio derecho de huelga de estos agentes se ve
cercenado en el proyecto de ley”. Dicho texto, añade IU, "también
cercena el derecho de huelga de otros sectores y otros colectivos con la actuación a la que pueden verse obligados vigilantes de seguridad y trabajadores de seguridad privada ante conflictos laborales en otros sectores”.
El proyecto de ley debería limitar un porcentaje lícito de servicios mínimos, ya que el concepto “servicio esencial” es demasiado amplio y podría vetar el derecho a huelga
En concreto, el diputado de Izquierda Unida (IU) Sixto Iglesias defendió este martes una enmienda en este sentido en la Comisión de Interior del Congreso,
pero fue rechazada por el Partido Popular. El proyecto dice en su
artículo 8.6 que “cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus
funciones en entidades públicas o privadas en las que se presten
servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública
competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente,
habrá de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que
respecto de dichas entidades disponga la legislación vigente”.
Según Izquierda Unida, este precepto anula el derecho de huelga del vigilante,
al que se le exige su asistencia al puesto de trabajo. Por ello, han
pedido la supresión del supuesto “cuando el servicio de seguridad se
haya impuesto obligatoriamente”.
“Aunque se contrate a la empresa (de seguridad) únicamente para
realizar un servicio en un día de huelga, como el trabajador tiene el
derecho a no proclamar la realización o no de la misma y la empresa
tiene la potestad del reparto del trabajo, puede mandar a desempeñar este servicio, a un vigilante que ese día pretenda realizar la huelga, vetándole dicho derecho”, explican fuentes de IU. Asimismo, entienden que el proyecto debería limitar un porcentaje lícito de servicios mínimos, ya que el concepto “servicio esencial” es demasiado amplio, con lo que podría producirse otro veto a la huelga.
Las mismas fuentes apuntan que, con esta normativa, el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz
está dando carta blanca a los vigilantes privados, contratados por las
propias entidades en huelga, para actuar contra los piquetes. Esta tarea
de disuasión de los piquetes es ahora competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero la irán asumiendo paulatinamente los vigilantes privados, vaticinan.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio instrucciones el mes pasado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
para iniciar las negociaciones oportunas a fin de elaborar una ley de
servicios mínimos que supla las carencias que presenta el real-decreto
de Huelga vigente desde 1977. Carencias que fueron evidenciadas en los
últimos paros registrados en Madrid respecto a la limpieza viaria de sus
calles y la recogida de basuras.
Centros de formación profesional
Otra laguna importante del proyecto de ley de Seguridad Privada es,
según la oposición, la falta de una regulación específica sobre la
formación de estos vigilantes. El diputado socialista Antonio Trevín considera imprescindible que el Ministerio de Educación establezca el “itinerario curricular indispensable”
para adquirir los conocimientos necesarios que permitan prestar tales
servicios de vigilancia y seguridad privada. Los socialistas también
reclaman que dichas enseñanzas se impartan en centros de formación
profesional.
A su juicio, la propuesta del PP camina en sentido contrario, es
decir, en “conceder todo el poder a las grandes empresas que en éste
como en otros aspectos logran el cien por cien de sus pretensiones:
formarán y seleccionarán a su libre albedrío”.
Por otro lado, el principal partido de la oposición también cuestiona
que la futura normativa vaya más allá del ámbito de la seguridad.
Trevín advierte de que el Gobierno permite la contratación de empresas
privadas para “la prevención o reposición de catástrofes producidas por
riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”. Ello es competencia pública de Protección Civil,
cuyo papel puede verse relegado así a un segundo plano, al igual que el
apoyo que recibe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada por
el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para este tipo de actuaciones.
El proyecto de ley fue aprobado este martes (CiU y PNV también lo respaldaron)
en la Comisión de Interior, con competencia legislativa plena, y pasa
ahora al Senado, donde podrá volver a incorporar enmiendas. Una vez
concluya su tramitación parlamentaria, la norma puede entrar en vigor a principios del próximo año.
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