El PSOE ha presentado este martes en el
Senado un veto a la nueva Ley de Seguridad Privada, porque según los
socialistas está redactada con el único objetivo de “abrir la puerta” al
negocio privado y que además, según denuncian los socialistas, “se ha
utilizado de manera torticera para burlar un poco la Constitución”.
Para el PSOE, esta legislación, que
sustituye a una anterior de 1992, debería haberse aprovechado para
“cualificar” la profesión de la vigilancia privada. Y sin embargo cree
que se ha utilizado como un paso más en la “ofensiva neoliberal” del
Gobierno para “abrir nuevos nichos de mercado mediante la privatización
de servicios públicos”.
Los senadores Enrique Cascallana y José
María Ángel Batalla han explicado el veto presentado por el Grupo
Socialista para devolver la Ley al Congreso y las más de 60 enmiendas
registradas. “La ley responde a intereses ideológicos del Gobierno y del
PP. Dado que privados son los bienes y los derechos a proteger, privada
ha de ser su protección para quien pueda pagarla”, ha denunciado
Cascallana.
Algunos de los aspectos más polémicos de
la legislación son la posibilidad de que los vigilantes privados puedan
encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles, así
como la facultad que les otorga para detener, cachear e identificar a
ciudadanos en la vía pública.
El PSOE ha denunciado que estos aspectos
van contra la Constitución, que encomienda al Gobierno y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) el “monopolio” de la defensa de
la libertad. Además, mientras que en la Ley de 1992 la seguridad privada
estaba “subordinada” a la pública, ahora queda como “auxiliar o
complementaria” a ella y “esconde un equilibrio entre ambas”.
Según han alertado los senadores
socialistas, esto abre además la puerta a una sucesión de conflictos
entre vigilantes privados y Policía o Guardia Civil por su actuación
ante los ciudadanos, con el único objetivo de “dar cobertura al negocio y
las empresas”.
Pero además, han avisado de que, cuando
habla de ampliación de los posibles ámbitos de actuación de los
servicios de seguridad privada, establece que se decidirá “lo más
conveniente” en función de efectos presupuestarios y del mayor o menor
coste que pueda tener. “Esto lleva a decidir en función del montante y
no de quién garantiza mejor la seguridad”, ha alertado Cascallana.
RENUNCIA A LA FORMACIÓN
Para el PSOE es especialmente relevante
el apartado de la formación de los vigilantes privados, que cree que no
queda resuelto en la nueva legislación porque renuncia a “apostar por
una fomación reglada con la intervención de las autoridades académicas o
a reforzar la formación continua que tienen que ofrecer las empresas”.
“Para ser miembro de las fuerzas de
seguridad se requiere un largo periodo de formación. Pero no para formar
parte de la seguridad privada y en cambio se atribuyen las mismas
responsabilidades”, ha denunciado el senador socialista, que cree que el
Gobierno adopta esta medida para contrarrestar las bajas tasas de
reposición de empleo público.
“Se dibuja un sistema de seguridad
privada que por una parte rebaja el estándar constitucional en relación
con la seguridad y, por otra, a través de conceptos jurídicos
indeterminados, abre la posibilidad a una ampliación de las competencias
a la seguridad privada desbordando el modelo actual”, denuncia el veto
de los socialistas.
El Grupo Socialista también ha
manifestado sus críticas al artículo 15 de la nueva Ley, que autoriza la
cesión de datos y la creación de bases de datos de la ciudadanía con
criterios de seguridad.
PREOCUPANTE DERIVA DE INTERIOR
El PSOE ve esta nueva Ley de Seguridad
Privada dentro de una “preocupante deriva” del Ministerio del Interior
de “recorte de libertades”, y la ha unido a la Ley de Seguridad
Ciudadana que “sigue la senda de restricción de derechos fundamentales y
el endurecimiento de condenas”.
“Hay una involución democrática”, ha
lamentado Cascallana, que ha acusado al Gobierno de querer “limitar la
protesta social” y “establecer límites a los derechos” a través de
“descalificaciones a todo el que protesta y una restricción de
libertades”.
