El Ministerio del Interior ha modificado su propuesta para la nueva ley de Seguridad Privada y no permitirá que las empresas del sector realicen labores de investigación, reservadas a los detectives, frente al borrador inicial que les otorgaba esta competencia.
El texto de la futura ley, que sustituirá
a la actual de 1992, será sometido mañana a debate en el Consejo de
Ministros, que previsiblemente dará luz verde para su entrada en las
Cortes. Fuentes del departamento han explicado a Efe que un mes después
de presentar al gabinete de Mariano Rajoy el borrador y tras escuchar a
las partes implicadas y de estudiar los informes consultivos, Interior
ha decidido suprimir el precepto que permitía a las empresas de
seguridad privada realizar investigaciones.
De este modo, la regulación en este
aspecto queda como en la ley todavía vigente y solo los detectives
privados podrán realizar investigaciones “en relación a personas, hechos
o delitos solo perseguibles a instancias de parte”. La modificación da
satisfacción a los detectives, que ya habían mostrado su preocupación
por lo que consideraban una invasión de competencias que, además, podría
suponer la quiebra de un colectivo ya de por sí castigado por la
crisis.
No obstante, la nueva ley les controlará
más que hasta ahora y los detectives tendrán que dar cuenta al
Ministerio del Interior de los encargos que reciben, los medios que
emplean y los resultados obtenidos. Además, deberán destruir los sonidos
e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la
finalización de su informe.
La regulación de los servicios de
videovigilancia es otro de los aspectos que prevé el proyecto, que
insiste en la necesidad de que estos elementos se utilicen bajo los
principios de proporcionalidad, idoneidad e “intervención mínima”. No se
podrán utilizar, de todos modos, con fines de seguridad privada para
tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso
público, salvo en los términos que regula la ley de seguridad ciudadana.
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